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La Comunidad pone otro contencioso a Sánchez por el IVA de 2017

El gobierno regional asegura que se han visto obligados a demandar judicialmente una vez más ante la falta de actuación del Gobierno central
La Comunidad pone otro contencioso a Sánchez por el IVA de 2017
La portavoz del gobierno regional, Valle Miguélez
La portavoz del gobierno regional, Valle Miguélez
El Gobierno de la Región de Murcia ha presentado un recurso contencioso-administrativo contra la administración central para reclamar el abono de 5 millones de euros correspondientes a la liquidación del IVA del año 2017, que se suman a otros 85 millones de euros más ya reclamados en los tribunales previamente por el mismo concepto.

Así se ha acordado este jueves en la reunión del Consejo de Gobierno, cuya portavoz, Valle Miguélez, ha explicado en rueda de prensa que se han visto obligados a demandar judicialmente una vez más ante la falta de actuación del Gobierno central.

El Ejecutivo murciano ya presentó otro contencioso en junio para reclamar el abono de 85 millones de euros que le corresponden a la región por la liquidación del IVA del 2017 como comunidad autónoma, mientras que los 5 millones que ahora se reclaman los debería haber recibido por su condición de territorio uniprovincial.

En el último Consejo de Política Fiscal y Financiera, ha recordado, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, anunció que las comunidades autónomas recibirían esos fondos no abonados, pero la información nunca se ha trasladado de manera oficial a los territorios, lo que ha obligado a una nueva reclamación judicial.

Miguélez ha recordado también que el Tribunal Supremo ya dio la razón en este asunto a las comunidades autónomas de Castilla y León y de Galicia y ha tachado de “injusto” que se siga retrasando su entrega.

Además, ha aprovechado para reclamar la reforma del sistema de financiación autonómica, que perjudica a la Región de Murcia, como la propia ministra ha reconocido, y mientras que lleva a cabo la reforma, que se ponga en marcha un fondo transitorio para paliar las diferencias entre comunidades autónomas.

Miguélez ha aprovechado también esta rueda de prensa para dar el pésame a toda la Junta de Galicia y a los familiares y amigos del que fuera consejero de Hacienda, Valeriano Martínez, fallecido ayer de manera repentina a los 60 años tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras trabajaba en su despacho.

Entre los asuntos abordados por el Consejo de Gobierno, ha destacado también la aprobación de una convocatoria de ayudas por un valor global de 2 millones de euros para la internacionalización de empresas, unas subvenciones que no se dieron en 2020 por la crisis del coronavirus, y que en 2019 repartieron 11,3 millones de euros entre 151 compañías.

También se ha aprobado una partida de 300.000 euros para becas de internacionalización que permitirán formar a profesionales de comercio exterior, que recibirán ayudas para ganar experiencia laboral en el extranjero.

En el área de la sanidad, se van a invertir 4,3 millones de euros en la compra de medicamentos exclusivos para el tratamiento de la artritis y de la epilepsia en los centros sanitarios del Servicio Murciano de Salud (SMS).

Asimismo, se destinarán más de 665.000 euros al servicio de mantenimiento, soporte y ampliación de la estrategia web de la sanidad regional.

En materia de política social, el Consejo de Gobierno ha aprobado un gasto superior al millón de euros para la atención urgente en régimen de acogimiento residencial de un total de 97 menores en riesgo de exclusión social.

El Consejo de Gobierno ha dado también luz verde a un convenio con la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA) para mejorar la calidad de las enseñanzas universitarias a través de cobertura técnica para la comunidad autónoma por parte de ese organismo.

Con el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas se ha suscrito otro convenio para el uso conjunto de instalaciones deportivas.

Por último, y entre otros asuntos, se ha aprobado poner a disposición de los entes locales una nueva plataforma para que puedan agilizar los trámites con la administración regional, y crear una nueva guía para la evaluación de planes, programas, proyectos y servicios públicos.

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